En invierno, las comunidades de la zona rural de María La Baja recogen agua lluvia para atender sus necesidades diarias. Llegado el verano, entre diciembre y marzo, la situación se complica porque el vital líquido escasea y el poco que llega a través del acueducto, y que proviene de los embalses del Distrito de Riego de María La Baja y sus afluentes, tiene una grave falencia: no es potable.
En muchos casos, el agua ni siquiera es apta para bañarse o realizar otro tipo de actividades del hogar, pero, por necesidad, muchas familias terminan consumiéndola. “Yo no la consumo porque siempre que lo hago me da dolor de estómago”, dice Nisley María Contreras, en representación de las decenas de mujeres de la vereda La Suprema, que han sufrido infecciones vaginales y cuya única cura es dejar de utilizar el agua que llega por las tuberías hasta sus casas proveniente de embalses y canales de la región.
Líderes y lideresas de Montes de María culpan por la mala calidad del agua a las extensas plantaciones de palma de aceite y piña por el impacto que estas plantaciones tienen sobre los acuíferos. “Los nuevos modelos de desarrollo que llegan al territorio se encargan de obstruir o contaminar los cuerpos de agua. Eso trae como consecuencia otras afectaciones y repercute en el tema de salud”, cuenta Sofía Carrasquilla, lideresa de la vereda Palo Altico.
En la lucha por el agua y el territorio, las mujeres han jugado un papel protagónico en María La Baja. Ellas cuidan el agua, así como su acceso y calidad, para hacer posible la vida en sus comunidades y habitables sus territorios. “Nosotras somos las que cogemos el tanque, cogemos la pimpina y somos las que salimos a buscar el agua”, recuerda Denilsa Julio, lideresa de San José de Playón.
VerdadAbierta.com conversó con mujeres de tres comunidades rurales de María La Baja, que trabajan por conseguir agua potable para sus comunidades, mientras persisten las afectaciones a la salud pública por no contar con un preciado líquido de calidad.
Pugna por el distrito de riego
En corregimientos y veredas como San José de Playón, Palo Altico y La Suprema, las comunidades desarrollan su día a día entre los canales y embalses: en ellos lavan su ropa y los trastes de cocina, pescan y se recrean. De tapiz de fondo, tienen las inmensas plantaciones de palma de aceite, que les recuerda sus tensiones con esta industria por el acceso al agua.
Esos embalses y canales hacen parte del Distrito de Riego de María La Baja, una inmensa obra civil construída a finales de la década de los años sesenta, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía conducir las aguas de las zonas altas e irrigarlas a través de redes de conducción para beneficiar a las poblaciones de María La Baja, Arjona y Mahates.
El proyecto represó varios arroyos y ríos en tres embalses: Arroyo Grande o Playón, Matuya y Pondaje del Viento (más conocido en la región como La Piscina). Además, se construyeron más de 680 kilómetros de canales para movilizar el agua por la región.
“Nosotras hoy podemos decir que no tenemos agua para el consumo y, en algunos casos, no tenemos agua ni para hacer los quehaceres en la casa ni para bañarnos ni para lavar los platos, nada”, lamenta Sofía Carrasquilla, una de las lideresas de Palo Altico que culpa a la industria palmera de desecar la tierra en María La Baja y recibir un trato preferente en la distribución del agua del Distrito de Riego. (Leer más ¿Dónde está el agua de María la Baja? y Comunidades de los Montes de María luchan por su derecho al agua)
Si bien el Distrito de Riego se ideó para impulsar la siembra de arroz y la ganadería, a comienzos de la década de los años noventa aumentaron las importaciones de arroz, afectando a los cultivadores nacionales, llevando a algunos a la quiebra. Irrumpió entonces el cultivo de palma de aceite, y con ello, las limitaciones al acceso al agua por parte de las comunidades campesinas.
De acuerdo con la investigación Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia, “la historia de la entrada de la palma en la región está estrechamente ligada a la figura de las alianzas productivas, gestionadas por Carlos Murgas Guerrero, llamado ‘El Zar de la Palma’, debido a las 44.000 hectáreas que, para 2013, tenía sembradas en Cesar, Bolívar y Norte de Santander”.
Además de la tierra, se dio un acaparamiento de agua. “Es triste porque no fue un distrito de riego, que se construyó para eso, sino que fue construido con otra visión política para el campesinado”, lamenta Denilsa Julio.
A pesar de que hoy las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo que surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares que estaban asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), controlan los Montes de María, las mujeres de María La Baja y otros municipios han alzado su voz para denunciar la situación alrededor del agua. (Leer más en Líderes sociales de María La Baja, en zozobra constante)
Al borde del edén y sin el paraíso
En el patio de su casa en el corregimiento de San José de Playón, Denilsa Julio pica pedazos de yuca para darle a los cerdos y separa unos cuantos trozos más para complementar el almuerzo de su familia. El techo de palma está cubierto de hollín por el humo de la estufa de barro. Para la sopa que hierve sobre el fuego, tomó el agua de bidones cubiertos por telas que se llenaron el día anterior con la lluvia.
¿Por qué no toma el agua de la pluma del acueducto? “¡Es un agua que tiene un olor muy repugnante!”, responde, tajante, mientras acomoda las pimpinas de agua lluvia sobre el piso de tierra. “Lo poco que hacemos es echarle cloro. Por necesidad, la tenemos que utilizar así”, reconoce, resignada, Denilsa Julio, al referirse al líquido que reciben.
Ella nació y se crió en la vecina vereda Cayeco y en el 2000 llegó a San José de Playón, desplazada por la violencia desatada por grupos paramilitares en los años noventa. En la región tuvieron especial injerencia las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que generaron el desplazamiento forzado de miles de familias de Montes de María y el despojo de sus tierras.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas (UARIV), a corte del pasado 31 de octubre, María La Baja concentraba 36.300 víctimas del conflicto armado, y de ellas 35.302 fueron víctimas del flagelo del desarraigo. (Leer más en El terror que desplazó a María La Baja y ¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?)
En el documento Caracterización de los conflictos territoriales en la región de Montes de María, de la politóloga Tania Rodríguez Triana, se precisa que entre 1997 y 2007 fueron abandonadas 4.865 hectáreas en María La Baja, en su mayoría, por la violencia paramilitar. “El fenómeno de compra masiva de tierras que se derivó del desplazamiento forzado y del abandono sistemático de predios campesinos durante años de hostigamiento armado favoreció la instalación del modelo agroindustrial de palma aceitera y cultivos maderables en los Montes de María”, explica la investigadora en su texto.
“Desde allí empezó más que todo la defensa y protección de la tierra y de nuestro territorio, porque sabemos qué fue lo que perdimos desde el desplazamiento”, cuenta Denilsa Julio. A mediados de la década del 2000, ella empezó a perfilarse como lideresa, tras seguir los pasos de la Corporación Desarrollo Solidario (CDS) y la Pastoral Social. Hoy es una reconocida vocera de las Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas (OPDs Montes de María).
Dolores estomacales y diarreas son padecimientos frecuentes de los habitantes de esta comunidad y por los cuales responsabilizan a la pésima calidad del agua. “Cuando llegué a Palo Altico fue un cambio de agua drástico. Me afectó mucho, andaba con dolor de estómago, me costó mucho adaptarme al agua”, cuenta Gabriela Castro, quien vive en la vereda desde hace seis años. Su familia materna estaba asentada en esas tierras, pero en los años noventa se desplazaron por el conflicto armado hacia Venezuela y, pasado un tiempo, retornaron.
Otra de las afecciones frecuentes que sufren estas comunidades son brotes y sarpullidos en todo el cuerpo, que aparecen cuando se bañan con el agua del acueducto. “Hubo un momento por aquí que todo el mundo decía ‘les dio la jasa-jasa’. Todo el mundo tenía picazón”, recuerda Gabriela.
San José de Playón y Palo Altico se encuentran junto a Arroyo Grande, la represa principal del Distrito de Riego de María La Baja. Según explican las lideresas y confirmó a este portal Aguas de Bolívar, entidad de la Gobernación de Bolívar encargada de gestionar proyectos de acueducto en la región, el líquido que llega por tuberías a los hogares de las comunidades viene de aquel cuerpo de agua, que está rodeado de innumerables plantaciones de palma de aceite y de piña.
“A esos grandes cultivos le echan sus químicos y esos químicos llegan a la represa. Alrededor de la represa hay palma y piña sembrada. En la misma orilla del agua hay palma sembrada. Cuando le echan químicos se vierten directamente al agua de la represa”, explica Sofía Carrasquilla, lideresa de Palo Altico.
VerdadAbierta.com le consultó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), la autoridad ambiental encargada del distrito de riego de María La Baja, y al Ministerio de Ambiente si tenían conocimiento del impacto de la siembra de palma y piña a orillas de la represa sobre la calidad del agua, qué estudios ha realizado y cómo ha controlado esos cultivos, pero al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.
Las luchas por el agua no son nuevas. Durante años, las comunidades han denunciado que el agua que suministra el acueducto no recibe tratamiento y la agroindustria está impactando ambientalmente la represa. Por eso, antes de tomarla del acueducto municipal, han optado por otras opciones para hacerse del líquido vital.
Por décadas, en Palo Altico y San José de Playón las familias han recogido agua de pozos cercanos. Las dos principales fuentes se conocen con los nombres de Leticia y La Neverita.
“Los cuentos de la comunidad eran que todos en la noche iban con antorcha. Era como el bochinche, la alegría, ‘vamos a llenar el agua’. Iba todo el mundo a Leticia, se abastecían de allí. Y estaba La Neverita, que como está un poco más alejado de Palo Altico, surtía a la gente de Playón”, evoca Gabriela.
Desde los años setenta, la comunidad recuerda utilizar el pozo Leticia para abastecerse, pero a finales de la década del dos mil, empresarios sembraron palma de aceite a su alrededor, lo privatizaron y terminó secándose. De la misma manera, La Neverita está rodeada de ese mismo cultivo.
Las lideresas cuentan que los dueños de esos sembradíos cercaron los pozos para impedir que la comunidad pudiera abastecerse del líquido e interrumpieron los caminos interveredales que ancestralmente usaban los lugareños. Además, aseguran que los agroquímicos aplicados a la palma de aceite se han escurrido hacia esas fuentes hídricas.
Esta situación tiene impactos específicos en la vida de las mujeres, quienes, por la división sexual del trabajo, se les ha asignado la responsabilidad de conseguir y cuidar el agua en estas comunidades. Trabajos que como muchas otras labores del cuidado que realizan las mujeres, no cuentan con reconocimiento económico ni social.
En María La Baja, ante la desecación de los pozos, en época de sequías caminan alrededor de dos kilómetros, normalmente bajo la inclemencia del sol, con recipientes de 20 litros sobre su cabeza para encontrar una bomba de extracción o cavan pozos artesanales a la orilla de la represa cuando baja su nivel y quedan rezagos de agua.
Las mujeres se exponen a situaciones de riesgo por violencia sexual debido a los lugares apartados donde comúnmente quedan las fuentes de agua en la ruralidad. Así mismo, la cantidad de tiempo que ocupa la labor de conseguir el agua limita sus posibilidades de educación, participación, descanso y recreación.
Lucia Torres nació en Palo Altico hace 54 años. Es una de las mujeres que, desde niña, ha portado sobre su cabeza bidones con agua extraída de los pozos cercanos o del embalse para el consumo de su hogar.
A algunas mujeres de la comunidad esa labor les ha generado quebrantos en salud. De acuerdo con los análisis de Gabriela Castro en su trabajo con la comunidad, “casi el 95% de las mujeres aquí, sobre todo las personas mayores que desde niñas ese ha sido su oficio, por lo general siempre están con problemas lumbares o cervicales porque cada caneca son 20 litros de agua en la cabeza”. Lucía es una de las mujeres de esa comunidad que se queja de quebrantos en su salud por estas labores.
Las lideresas de María La Baja resaltan que el Distrito de Riego se construyó para sostener los cultivos de los campesinos de manera equitativa, pero con la incursión de los monocultivos en la región el agua de las represas y canales se “privatizó”. Por esa razón, las comunidades han protagonizado choques con la administración del sistema, a cargo de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de Tierras de Gran Escala de Maria La Baja (USOMARIALABAJA), entidad que desde hace más de 20 años administra el Distrito de Riego.
“Los dueños del agua no somos los pequeños campesinos, los pequeños productores, son los grandes terratenientes, que son los dueños de grandes producciones de palma, de grandes producciones de piña. Para eso es que se cuida el agua, porque a veces en el verano, si sus jagüeyes (depósitos superficiales) tienen agua, a nosotros no nos queda ni para lavar la ropa”, reprocha Denilsa Julio.
Según USOMARIALABAJA, el Distrito de Riego está planificado para brindar el servicio de agua entre enero y junio, los meses de mayor sequía. El resto del año, llegado el invierno, se estableció la recuperación de los embalses.
Según datos de la empresa, a julio de 2023, había 2.035 usuarios y en cuanto a los sectores que usan el agua del distrito de riego, Fredy Martínez Pereira, jefe de operación y conservación de la empresa, sostiene que la palma usa el 45 por ciento del agua, el arroz un 30 por ciento y los otros cultivos —maíz, yuca, plátano o pasto— el resto del porcentaje.
“Todos tienen acceso al agua, la diferencia está en que el agua es un servicio público que hay que pagar para poder cumplir con la necesidad de administración, operación y conservación”, precisa el funcionario de USOMARIALABAJA. “Nosotros planificamos una campaña de riego con base a una cantidad de agua que tenemos disponible y con eso nosotros hacemos la proyección de siembra y esa proyección de siembra es divulgada a través de una circular”.
En mayo de 2019 las comunidades aledañas a los embalses lograron un acuerdo de voluntades con el sector arrocero, tras cerrar las compuertas que distribuyen agua a los cultivos de arroz y palma, pues según las comunidades tras un fuerte verano los empresarios no estaban usando racionalmente el líquido. El acuerdo logró que se comprometieran a usar el agua del Distrito de Riego con moderación.
El funcionario de USOMARIALABAJA destaca que cuando se han presentado fuertes veranos que comprometen la cantidad del agua del embalse, realizan riegos rotativos por zonas en los que los usuarios han pagado por el servicio. “Tratamos de hacer un uso eficiente y ahorro de agua”, concluye.
Las lideresas han tenido varios choques por el agua con los palmeros. “Un día, nosotros fuimos a la carretera —la vía que conecta Cartagena con María La Baja—. De manera muy pacífica, exigíamos el derecho al agua. Con niños y mujeres y todo, y nos echaron el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía)”, recuerda Sofía, quien afirma que varias mujeres resultaron heridas.
Ante las dificultades en el acceso al agua potable, las comunidades del consejo comunitario Eladio Ariza (San Jacinto); el corregimiento Santo Domingo de Meza y la vereda Camarón (Carmen de Bolívar); y el corregimiento San José del Playón (María La Baja) se organizaron en octubre 2018 para realizar la Caminata Étnico Campesina de los Montes de María.
El “proceso marchantes” llegó hasta el municipio de Turbaco y se asentaron frente a la Gobernación de Bolívar. Durante siete días de diálogos, la movilización logró acordar unas mesas técnicas por municipio en las que se hizo énfasis en problemáticas sociales de cada comunidad. La necesidad de vías y agua potable fue un hecho común. Finalmente, se acordó que, en corregimientos como San José de Playón, Santo Domingo de Meza y Eladio Ariza, se construirían acueductos para el acceso de agua potable. Sin embargo, les han incumplido.
“Como a los gobernantes de turno les interesa más el bien particular que el bien de la comunidad, hoy tenemos una infraestructura: tenemos un pozo, tenemos un tanque de almacenamiento, pero las redes no sirven”, se lamenta Sofía Carrasquilla.
Tras esa movilización, 12 organizaciones se aglutinaron en la Mesa Permanente por el Derecho al Agua, desde la cual han buscado dialogar con la institucionalidad y hacerle seguimiento a la situación del líquido de las comunidades del Distrito de Riego y de aquellas que viven cerca de las cuencas que surten los embalses. Denilsa y Sofía son dos lideresas que hacen parte de este espacio.
Dentro de esa apuesta han logrado consolidar proyectos de reforestación de árboles nativos del bosque seco tropical a inmediaciones de las riberas que alimentan el Distrito de riego, específicamente en municipios como el Carmen de Bolívar, y revisar la situación jurídica de los lotes que se encuentran a la orilla de los embalses del Distrito de Riego, muchos de los cuales están sembrados en palma y piña, los cuales serían, presuntamente, baldíos de la Nación.
La Mesa le señaló a este equipo periodístico que para garantizar el derecho al agua siguen insistiendo por realizar la batimetría —medición de profundidad y nivel del agua— de los embalses y estudio de la calidad del agua que se encuentra en la profundidad (a fin de encontrar componentes de agroquímicos), revisar la concesión de agua en manos de USOMARIALABAJA y que las comunidades sean tenidas en cuenta en las decisiones sobre el uso y gestión del Distrito de Riego.
Diez años esperando agua y justicia
Entre media docena de pimpinas y un tanque de 250 litros llenos de agua, el tubo del acueducto se sostiene por sí solo en medio del patio de la familia Carballo Monterroso. Son las diez de la mañana de un jueves cualquiera en La Suprema, vereda del corregimiento de Matuya, y Ana Milena Monterroso abre la llave de suministro de agua que está en su patio, pero no sale nada. “A veces uno se echa aquí hasta cuatro y cinco días sin agua”, reprocha. Todos los recipientes son provisiones de un servicio intermitente.
Ana Milena toma uno de los bidones llenos de agua y lo descarga en otro recipiente, colocando en el medio un colador. Más de una docena de diminutos gusanos de cabeza negra se revuelcan en la malla. Pueden tratarse de larvas de mosquitos que encuentran el mejor hábitat en el agua reposada que recoge ella y el resto de familias de esa vereda de María La Baja, pero nadie tiene certeza de qué son, sólo que aparecen en sus pimpinas.
“Cuando llegué acá, no había agua”, recuerda. En 2002 arribó a La Suprema desplazada por el conflicto armado en Montes de María. En ese tiempo, el caserío lo conformaban unas pocas familias que recogían agua, se bañaban o lavaban la ropa en el canal que pasa al frente de la vereda, alimentado por el embalse de Pondaje del Viento o La Piscina.
Las mujeres traían el agua con baldes sobre su cabeza y la recogían de ‘zanjas’ naturales que concentraban agua de arroyos, pero desde que llegaron los cultivos de palma de aceite, los pobladores comenzaron a enfermarse. La culpa de sus dolencias recaía en los agroquímicos de las plantaciones que, según dicen en las comunidades, terminaban en el agua.
Con frecuencia, padecían infecciones vaginales y sarpullidos en la piel. “Aquí la mayoría de mujeres hemos sufrido de eso. Por aquí hay niñas de dos, tres años ya con brotes en sus partes vaginales. Hemos visto que ha disminuido un poco, pero todavía sigue”, cuenta Ana Milena.
“Los niños tienen una alergia y uno los lleva al médico, les recetan medicinas, pero el mal persiste. El agua es el problema. Cuando los niños se bañan, después yo les pasó alcohol”, reconoce Emeris Estrada, una de las mayoras de la comunidad, quien desde hace 38 años vive en La Suprema. Sin embargo, reconoce que la necesidad le hace ser usuaria del agua que sale de las plumas. “Uno la coge para cocinar”, cuenta, creyendo que hirviendo el agua los males desaparecen.
“La verdad es que uno no se va a morir de sed. Uno se tiene que tomar lo que haya”, explica Danelis del Carmen Nisperuza, de 28 años, quién llegó a la suprema de 40 días de nacida desde el vecino departamento de Sucre. “En mi segundo embarazo, tuve una fuerte infección vaginal y también me dio toxoplasma (parásito que produce una infección) por el agua. Casi pierdo la niña”, recuerda con dolor y asegura que en su comunidad ha habido abortos por el consumo de agua.
En otros casos, las consecuencias fueron mortales. La comunidad recuerda varios casos de niños que murieron tras sufrir infecciones estomacales y problemas en la piel por la calidad del agua. “Aquí han fallecido como cuatro niños por causa del agua. Decimos que el agua porque ese malestar en el estómago, esa diarrea, proviene del agua”, cuenta Emeris Estrada.
Justo ese fue uno de los hechos que el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) relacionó en una acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Bolívar en octubre de 2011 y que buscaba conseguir que el Estado tomara las medidas necesarias para garantizar agua potable y un eficiente sistema de saneamiento básico para esa vereda y el resto de comunidades rurales de María La Baja.
“De los informes técnicos realizados a las aguas que consume la población ubicada en el corregimiento de La Suprema, se concluye que las características físicas, químicas y microbiológicas del agua estudiada, son alarmantes para la salud de la comunidad referenciada, generando riesgo de morbilidad y mortalidad entre los pobladores de María la Baja, especialmente en la población infantil, que en la comunidad de La Suprema, ha arrojado 7 niños muertos”, se lee en el documento de acción popular.
Desde agosto de 2011, en un informe realizado por el investigador Rafael Fernando Oyaga Martinez, se advierte el peligro: “Se debe evitar en lo posible el consumo del agua de esta zona si no ha sido previamente tratada”. El investigador determinó la alta presencia de E. coli (Escherichia Coli) que “pone en riesgo la salud de las personas que están consumiendo el agua de esa zona”.
En su momento, el ILSA llamó la atención sobre el conocimiento de esta grave situación por parte del Estado. Según se lee en el documento, para inicios de la década de 2010, en el Plan Territorial de Salud del Municipio de María La Baja, se advertían como principales causas de morbilidad en el municipio enfermedades como parasitosis intestinal, rinofaringitis y hipertermia, entre otras.
Este portal le envió un cuestionario a la Alcaldía de María La Baja y al Ministerio de Salud y Protección Social buscando conocer si la calidad del agua ha influido en diversas enfermedades y defunciones en el municipio y las acciones que ha ambas entidades han tomado para mitigar este flagelo, pero a la fecha de publicación de este reportaje, cuatro meses después, no se obtuvo respuesta.
Durante 2013, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar tomó muestras de agua para realizar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos. El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades en humanos por el consumo de agua. Dicho estudio, según recoge la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, arrojó un índice de riesgo alto: 51.40 por ciento, es decir, no apta para consumo humano.
Con todo lo presentado por ILSA, el tribunal falló a favor de las comunidades. En la sentencia del 29 de enero de 2014 concluyó que se estaban violando los derechos de gozar de un ambiente sano y salubre “por la no prestación en forma eficiente y oportuna de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en el Municipio de María La Baja y en especial en la población La Suprema”.
En consecuencia, le ordenó al Municipio, a Aguas de Bolívar, al Ministerio de Salud y Protección Social y a otras entidades del Estado, tomar cartas en el asunto para garantizar la prestación de los servicios de acueducto y agua potable en María La Baja, y les dio un plazo de año y medio para que prestaran un servicio oportuno y eficiente.
Una de las medidas transitorias ordenadas fue el suministro de agua potable a través de carrotanques. “El camión vino como una o dos veces y tú nada más tenías derecho a llenar dos o tres pimpinas, porque el camión no era suficiente para la comunidad. También pusieron el carro de la basura, vino como una o dos veces y no vino más”, reprocha Danelis.
La Gobernación de Bolívar, a través de Aguas de Bolívar, realizó algunas obras en La Suprema, entre ellas, “la construcción de un tanque elevado y el cambio de la tubería central”, cuenta Ana Milena, pero la mala calidad del líquido siguió. “Después de lo que dictamina un juez, ¿qué más hay que hacer para que eso se lleve a efectividad?”, se pregunta Sofía Carrasquilla, pero no encuentra la respuesta.
En abril de 2022, el ILSA le presentó un informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre la situación de derechos en Montes de María, en el que incluyó las pésimas soluciones estatales en La Suprema: “La obra es lo suficientemente deficiente como para considerar que ofrece un servicio eficaz y oportuno, ya que carece de un sistema constante de cloración que la haga apta para el consumo, es agua que por la incompletud de las obras no logra llegar a las viviendas y que en su recepción final presenta turbiedad y un alto contenido de sedimentos”.
“Hubo cambio de tubería, pero nada más en las calles, supuestamente lo que vino nada más era para las calles”, reprocha Ana Milena. Ante el miedo de quedarse sin el flujo de líquido en sus hogares, todas las familias se conectaron sin reemplazar las redes viejas que tenían en sus casas. “Para entrar el agua a la casa, uno tenía que comprar todo y algunas personas no tenían para comprar esos tubos”, lamenta.
Ana Milena reconoce que la situación de salud pública ha mejorado, pero no cree que sea porque la calidad del agua ha mejorado, sino por los cuidados comunitarios que han adoptado: “Por lo menos aquí en mi casa a los niños los he llevado al hospital y les salió que no se pueden bañar con el agua del canal, no se pueden bañar con el agua de la represa porque es lo que les está produciendo esos brotes en la piel”.
En su hogar optaron por no tomar el agua del acueducto. Como otras familias de la comunidad, consumen agua lluvia y en verano van hasta la vereda Paso el Medio, ubicado a un kilómetro en el mismo corregimiento de Matuya, y extraen con bombas manuales el agua de pozos.
“Como acá en mi casa nosotros tenemos una moto, el hijo mío sale y me trae el agua. Cuando no teníamos moto, como yo tenía un amigo que tenía una camioneta que llegaba al acueducto, él me hacía el favor”, cuenta Nisley María Contrera, de 24 años, habitante de La Suprema.
Otras mujeres deben pagarle dos mil pesos a algún motorizado para que les traiga una garrafa, que puede durar, en el mejor de los escenarios, un día. “Pero aquí no todos lo hacen porque eso cuesta. Si yo le pido el servicio a una moto, tengo que pagarle esas pimpinas de agua”, señala Estrada. Por eso, explica que “aquí la mayoría de la comunidad la consume —el agua de la pluma—, pero pasan sufriendo diarrea, vómitos, dolor de estómago, rasquiña”.
En 2018, la Corporación Desarrollo Solidario (CDS), instauró un derecho de petición ante la Defensoría del Pueblo solicitando la revisión del incumplimiento de la sentencia de 2014. En respuesta, la Defensoría del Pueblo Regional de Bolívar presentó incidente de desacato en contra del entonces alcalde del municipio de María La Baja, Carlos Antonio Coronel Mena; el gerente de aguas de Bolívar, Miguel Torres Scaff; y el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga. El 17 de julio del 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió abrir el desacato contra los funcionarios públicos.
La posibilidad de que las comunidades rurales de María La Baja accedan a un territorio con agua potable siguen en las manos de varias instituciones, especialmente la administración municipal, pero el futuro es incierto, debido a la ineficiencia e indolencia de quienes conforman el aparato estatal.
***
Este reportaje fue realizado en el marco de la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio y de la campaña Stand For Her Land-Colombia.
