Los habitantes de María La Baja tienen una cosa clara: el agua que sale de las plumas en sus hogares no pueden consumirla. Si la toman, les da dolor de estómago y diarrea. Si se bañan, les aparecen brotes en la piel y les da picazón.
Para evitar estas afectaciones, las familias del casco urbano se las arreglan de diversas maneras, entre ellas, extrayéndola de pozos profundos perforados en el patio de sus casas o pagando por llenar sus pimpinas de un camión cisterna de la empresa Sabia Naturaleza, más conocida entre la comunidad como ‘Agua Yimis’, la cual la trae de un manantial cerca el corregimiento El Níspero, de María La Baja.
En la zona rural la situación es más complicada. “Ni al casco urbano de María La Baja llega potable, ¡imagínate acá!”, lamenta Danelis del Carmen Nisperuza, lideresa de la vereda La Suprema, una comunidad de 66 familias que se la pasa con quebrantos de salud: “Los niños siempre están enfermos, siempre tienen diarrea, siempre tienen vómitos, rasquiña en la piel”.
Lo paradójico es que, en mayo de 2012, el entonces presidente de la República Juan Manuel Santos (2010-2018), anunció la inauguración del acueducto en el casco urbano de María La Baja; sin embargo, habitantes de la comunidad aseguran que el agua que reciben es de mala calidad y la parte rural quedó relegada a redes que conducen el líquido hasta las viviendas, pero nunca ha sido potable. “El agua potable no se quedó, se fue con el Presidente”, afirman, irónicos, los lugareños.
“Los dueños del agua no somos los pequeños campesinos, son los grandes terratenientes, propietarios de grandes producciones de palma, de grandes producciones de piña”, reitera, a modo de queja, Denilsa Julio, una de las tantas mujeres negras cabeza de familia desplazadas por el conflicto armado en la región que buscan reconstruir su territorio.
Agroquímicos estaría impactado el agua
Los habitantes de las zonas rurales han advertido sobre los impactos de los cultivos de palma de aceite y de piña sembrados cerca a caños y ríos, así como aquellos monocultivos que se encuentran al pie de las represas del distrito de riego. (Leer más en: Sin agua potable no es posible disfrutar del territorio)
“Anteriormente, era un agua que se podía consumir y no pasaba nada, pero con todos estos cultivos de piña y palma, que le echan bastante químico y están a orillas de los jagüeyes (depósitos superficiales de agua), los pozos, los canales, cuando llueve, todos esos agroquímicos que le riegan vienen también al agua”, precisa Danelis del Carmen, lideresa de La Suprema.
VerdadAbierta.com le consultó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), la autoridad ambiental encargada del distrito de riego de María La Baja, y al Ministerio de Ambiente si tenían conocimiento del impacto de la siembra de palma y piña a orillas de la represa sobre la calidad del agua, qué estudios ha realizado y cómo ha controlado esos cultivos, pero al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.
“Por lo que nosotros conocemos, los que siembran palma no manejan ese tipo de agroquímicos”, asegura Fredy Martínez Pereira, jefe de operación y conservación de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de Tierras de Gran Escala de Maria La Baja (USOMARIALABAJA), entidad que desde hace más de 20 años administra el Distrito de Riego.
Pero, ¿cómo es posible que haya palma, piña y hasta ganado alrededor y dentro de las represas del Distrito de Riego? “Hay una delimitación, pero no sé con qué medio esas personas adquirieron los títulos de esos terrenos que están dentro del embalse”, reconoce Martínez.
Una situación que, según explicó, preocupa a USOMARIALABAJA y de la cuál tiene conocimiento la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad dueña de esos embalses. Esta situación ha sido denunciada por las comunidades y organizaciones rurales no sólo de María La Baja, sino de los otros municipios aledaños a la represa, como El Carmen de Bolívar y San Jacinto.
“El agua en la represa, como tal, no es tan sucia como la que llega en la tubería, ahí el agua no huele mal”, explica Gabriela Castro, una de las tantas mujeres de Palo Altico que coincide en que el agua que toman de la superficie de la represa no se parece a la que llega por las plumas.
Muchas familias deben amarrar un pedazo de tela a la boca de las plumas de agua para que recoja los sedimentos y gusanos que llegan por las tuberías. “Eso trae unas lombrices, debe tener su nombre científico, como parásitos pequeños”, explica Sofía Carrasquilla.
Katleen Marún Uparela, abogada, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, indicó que en un reciente estudio realizado por esa universidad y el Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena, se buscó identificar la presencia de agroquímicos en las aguas de las represas San José de Playón y Pondaje del Viento, así como algunos de sus afluentes.
Las muestras fueron tomadas en octubre de 2021 (invierno) y en mayo de 2022 (verano), y se remitieron a un laboratorio en Alemania para su análisis. “Este tipo de estudios requieren unos reactivos que son costosos”, cuenta Katleen.
En esto coincide María Soledad Castro, experta en contaminación por agroquímicos e investigadora de la Universidad de Zurich. Según la experta la medición de presencia de plaguicidas en cuerpos de agua es un proceso muy caro y complejo que las entidades ambientales, por lo general, no están en capacidad de implementar.
Castro señala que al buscar rastros de contaminación por estas sustancias “uno no encuentra lo que no está buscando” y que a menos que se hagan análisis específicos de residuos de plaguicidas que analicen tanto estas sustancias como sus metabolitos, no se va a detectar su presencia.
“Como teníamos muy poco dinero para hacer el estudio —agrega Katleen Marún—, lo que nos exigía el laboratorio era que tuviésemos un listado predeterminado o previo de los agroquímicos que creíamos que podían estar presentes en el agua para poder entonces ir a rastrearlos”.
Sin embargo, los resultados del estudio hecho por la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena no arrojaron resultados concluyentes sobre la presencia de agroquímicos: “Lo que nos han comentado es que este tipo de componentes generalmente no se mantienen disueltos en el agua durante mucho tiempo, sino que van al fondo de los cuerpos de agua, entonces es necesario llevar a cabo un estudio del suelo del cuerpo de agua que permita determinar la cantidad de estos agroquímicos”.
Pero la investigación arrojó información preocupante. Las pruebas realizadas arrojaron niveles alarmantes de E. Coli —bacterias del tracto intestinal que se encuentran en las heces de animales y humanos— y baja oxigenación de los embalses. “A los cinco metros de profundidad prácticamente ya en el cuerpo no hay oxígeno disuelto”, asevera Katleen y advierte que ese resultado explica por qué han ocurrido mortandades de peces en los embalses, pues no tenía la capacidad de sustentar vida acuática.
Reclaman sus derechos
Aunque no fue concebido para surtir a un acueducto, el agua que llega, tanto al casco urbano como a las veredas del municipio, proviene de los embalses del Distrito de Riego. “Con respecto al acceso al agua es un sinsabor que se siente como habitante de esta comunidad porque contamos con una represa, o sea, allá arriba hay un recurso hídrico bastante amplio —el embalse de Arroyo Grande— (…) pero no es un agua potable”, señala Gabriela Castro, lideresa de Palo Altico.
Un estudio publicado en 2018 por tres investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla, advierte que las comunidades rurales del municipio continúan consumiendo el vital líquido con coliformes fecales, bacterias del tracto intestinal de animales y humanos que pasan a las heces.
“La alta presencia de E. Coli (Escherichia Coli) (…) deteriora severamente la calidad del agua y pone en riesgo la salud de las personas. Se debe evitar el consumo del agua de esta zona sino (sic) ha sido previamente tratada”, se lee en el documento.
En la región de los Montes de María, el municipio de María La Baja ocupa el segundo puesto con la peor cobertura de agua potable por acueducto (24,69 por ciento); seguido de San Jacinto (0,69 por ciento), según el censo del DANE de 2018, refrendado en enero de 2020.
“Nosotros hemos hecho caminatas, hemos hecho protestas, cerramos las compuertas que son las que permiten la salida del agua del Distrito de Riego, como una forma de presionar al Municipio”, precisa Sofía Carrasquilla.
Tras la movilización social que abanderó esta comunidad en octubre de 2018 reclamando agua potable se logró cierta inversión de la administración departamental, pero la local les falló. De acuerdo con esta lideresa, en el caso de San José de Playón, la Gobernación cumplió con las obras alrededor de un tanque de almacenamiento, pero la Alcaldía de María La Baja no cumplió con las redes de distribución. “Agua potable en estos territorios no hay porque la institucionalidad no quiere”: agrega Yuliza Magallanes, joven lideresa de San José de Playón.
El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 estableció como competencia de los municipios “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio”.
La administración local, a cargo de la alcaldesa Raquel Victoria Sierra Cassiani (2020-2023), es consciente de la aguda situación por la que atraviesan las comunidades rurales del municipio. Es por ello que el 4 de abril de 2021 expidió el Decreto 081, por medio del cual declaró la urgencia manifiesta para enfrentar los estragos dejados por la pandemia de la COVID-19 en la salud pública y el mal estado de las redes de acueducto en áreas rurales, entre ellas San José Playón, que cuentan con sistemas que se abastecen de pozos profundos, “pero las redes se encuentran con incrustaciones y presencia de sedimentos”, reconoce la Alcaldía en su decreto.
El plan de desarrollo municipal vigente (2020-2023), titulado “María la Baja Primero en Victoria”, tiene como uno de sus ejes de desarrollo económico el área de agua potable y saneamiento básico, cuyo objetivo de desarrollo sostenible es “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos/as”, el cual se encuentra articulado al plan de desarrollo departamental, en el que se identifican, como indicadores de bienestar, aspectos como el aumento de la cobertura en el suministro de agua potable en el sector rural.
Desde julio de 2021, la administración local ha celebrado contratos para elaborar estudios de diseño de las plantas de tratamiento de agua potable en varios corregimientos y veredas, entre ellas San José de Playón y La Suprema. Sin embargo, ese gran plan no se ha materializado en ninguna comunidad rural.
¿A la Alcaldía se la llevó el agua?
Aguas de Bolívar, entidad descentralizada de la Gobernación de Bolívar que se encarga de gestionar y ejecutar proyectos de inversión para la construcción de acueductos y alcantarillados, recalcó que el 15 de diciembre de 2020 entregó varias instalaciones en María La Baja en “buen estado y funcionamiento”.
Sin embargo, tras una consulta de este portal, Aguas de Bolívar aseveró que la Alcaldía de María La Baja no está cumpliendo los procesos de desinfección del agua que tiene a su cargo de zonas rurales como Palo Altico, San José de Playón y La Suprema, y las comunidades continúan tomando agua que no es apta para el consumo humano.
“Desafortunadamente la administración y operación de las mismas no ha sido permanente y eficiente”, precisa, en su respuesta a VerdadAbierta.com, Gonzalo Posada Viana, jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Promoción y Gestión Social de esa institución.
En el caso de La Suprema, a unos metros de esa comunidad campesina se encuentra la planta de tratamiento de agua; sin embargo, a pesar de que viven al lado de esas instalaciones, los pobladores no se benefician de ella, pues sólo conduce agua potable a la cabecera municipal de María La Baja.
Desde 2013, esta planta es administrada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Norte S.A.S E.S.P (más conocida como Triple A del Norte). Según un acta de la asamblea general de accionistas, fechada en julio de 2022, el 75 por ciento de las acciones de Triple A las poseía la empresa Distribuidora Silgado Verbel Oil SAS, representada legalmente por Óscar Ivan Silgado Verbel, quien por más de 10 años fue su representante legal.
La empresa ha sido denunciada en la región de los Montes de María por mal tratamiento del agua. En junio de 2018, habitantes de San Onofre pusieron la crítica situación en conocimiento a la Contraloría Departamental de Sucre, la que, a su vez, le solicitó a la empresa documentos que reflejaran el cumplimiento del suministro de agua potable en el municipio, pero la compañía no entregó toda la documentación, razón por la cual, en febrero de 2019, el ente de control le inició un proceso sancionatorio.
En contraste, Víctor Silgado Banquez, jefe de Operaciones de esa empresa, le dijo a este portal que “María La Baja es de los pocos municipios de Bolívar con buen servicio de acueducto y alcantarillado” y agregó: “Durante nuestra gestión se construyó el 100% del alcantarillado en 2017 y se realizó la optimización del sistema de acueducto 2018”.
Además, explicó que el agua que llega a la cabecera municipal pasa por distintos procesos para optimizar su calidad: “La planta de tratamiento de agua potable está activa y funcionando 24/7 los 365 días del año”. Y precisó que cuentan con los recursos operativos y profesionales requeridos para su funcionamiento. A pesar de esa versión, de todo eso no disfrutan los habitantes de La Suprema y mucho menos del resto de la zona rural.
La administración municipal suscribió un convenio con la empresa Triple A del Norte, a fin de garantizar el suministro de agua tratada —pero sin desinfección— a los operadores del acueducto de La Suprema.
“Ahorita hay unos operadores que les están pagando para que estén pendientes de poner el agua y nada”, cuenta Ana Milena Monterrosa, lideresa de esa comunidad. “Es un agua que viene totalmente amarilla, no le están echando ningún cloro ni nada, y a veces huele y trae mucho parásito”.
Este portal intentó determinar quiénes son los operadores que prestan este servicio, pero no se obtuvo respuesta de la Alcaldía.
En visitas realizadas por Aguas de Bolívar, los operadores explicaron que no han recibido los insumos químicos necesarios de la administración municipal para llevar a cabo la desinfección del agua. “Como resultado, en los últimos meses, la comunidad ha estado recibiendo agua sin desinfección por parte de los operadores”, le aseguró Posada Viana a este portal.
En igual o peor situación están las familias del corregimiento de San José de Playón y la vereda Palo Altico, pues “desde la entrega del acueducto este ha permanecido sin operación adecuada”, explica Posada Viana, quien reconoce que la comunidad sigue obteniendo el suministro de agua directamente de la represa, “a pesar de que esta no es apta para el consumo humano”, y agrega que esta situación está teniendo un impacto negativo en la red de distribución del corregimiento “ya que las tuberías se obstruyen”.
Además del mantenimiento del acueducto, le corresponde a la administración municipal gestionar recursos y priorizar proyectos de agua potable y saneamiento básico que requieran apoyo financiero de la Nación.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, le confirmó a este portal que en el sistema de información reposan algunos proyectos de acueducto, agua potable y alcantarillado liquidados, pero “a la fecha no se ha recibido ningún proyecto tendiente a lograr la prestación eficiente y eficaz del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de María La Baja – Bolívar”, se lee en la respuesta firmada por Adriana Sabogal Moreno, directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial de esta cartera de gobierno.
Aguas de Bolívar le aseguró a VerdadAbierta.com que está adelantando las visitas técnicas, levantamiento topográfico, catastros y diagnósticos de usuarios en Playón: “El proyecto no incluyó instalación de nuevas redes de distribución y por ello las que hoy existen son insuficientes o están deterioradas. Sin embargo, vale recalcar, Aguas de Bolívar adelanta proceso de contratación para la elaboración de estudios y diseños técnicos de las redes de distribución de agua potable en Playón y Palo Altico”.
Para lograr esas redes de distribución de agua potable en este y otros corregimientos de María La Baja, esta empresa ha realizado una preinversión de 188 millones de pesos.
No obstante, las lideresas se quejan de que cada cuatro años un nuevo candidato a la Alcaldía promete el sueño de todo el municipio: agua potable, pero están cansadas de los incumplimientos. “Es también frustrante para nosotras, que estamos asumiendo un liderazgo en las comunidades”, lamenta Sofía Carrasquilla. “Quien llegue a la Alcaldía tiene que asumir la responsabilidad. Lo que ha faltado ha sido mucha voluntad”, concluye.
Nota: este portal envió un cuestionario a la Alcaldía de María La Baja, en cabeza de Raquel Victoria Sierra Cassiani, para conocer las acciones que la administración municipal ha realizado para garantizar el agua potable a las comunidades rurales. A pesar de entablar conversaciones vía WhatsApp con varios funcionarios locales, a la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta alguna.
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Este reportaje fue realizado en el marco de la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio y de la campaña Stand For Her Land-Colombia.
